Florencia de la V recibió su nuevo DNI. Está feliz, como nena con
juguete nuevo. Dice, por fin: “Florencia Trinidad”, y agrega: “Sexo:
femenino”. También le dieron una nueva partida de nacimiento. Fue luego
de que la jueza Elena Liberatori hiciera lugar a la acción de amparo
que la actriz presentó con el asesoramiento jurídico de la Federación
Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). Mientras,
Alejandro Iglesias, el participante incógnita de Gran Hermano, entró al
reality show con un objetivo bien definido: ganar el premio para
pagarse la operación de reasignación de sexo. Nació con cuerpo de
mujer, pero siempre se sintió varón y, para terminar de adaptar su
cuerpo a su identidad de género, necesita un implante.
Florencia consiguió su nuevo documento sin necesidad de operarse. Es
travesti y se reivindica mujer. Alejandro, en cambio, quiere operarse.
Es un varón transexual. Ambos casos, por su impacto mediático, echaron
luz sobre el que será el próximo gran debate relacionado con la
diversidad sexual, luego del matrimonio igualitario: el reconocimiento
de la identidad de género.
Las personas trans –travestis o transexuales–, por un vacío legal,
tienen en sus documentos un nombre diferente de aquel por el que todo
el mundo las conoce, y figuran inscriptas con una asignación de género
–varón o mujer– que se contradice con su identidad. Esa discrepancia
entre su vida y los papeles les complica todo: entrar a cualquier lugar
donde pidan documento, anotarse en una carrera, votar, salir del país,
casarse, abrir una historia clínica en un hospital, etc.
“Sentimos que vivimos la vida de otras personas y somos invisibles
para el Estado. Cuando me preguntan qué significa no tener un DNI que
reconozca mi identidad, pienso qué terrible que sería morirme y sentir
que pasé por la vida como un fantasma”, dice Claudia Pía Baudracco,
travesti y dirigente de la Asociación de Travestis, Transexuales y
Transgénero (ATTTA).
Al Congreso y a la justicia.
La ley de identidad de género y la de atención sanitaria para la
reasignación de sexo serán el próximo debate del Congreso sobre los
derechos de las minorías sexuales. La primera habilitará el cambio de
nombre y de género en el DNI y la partida de nacimiento mediante un
trámite sencillo y rápido, sin intervención judicial –hoy obligatoria
por un decreto-ley de Onganía– y sin la intervención de médicos y
psicólogos. Es decir, sin que haga falta un abogado y un fallo
judicial, como en el caso de Florencia, y dejando atrás la
patologización de la transexualidad como “disforia de género”, como en
el de Alejandro.
La “disforia” es una supuesta patología psiquiátrica que aún
sobrevive en los manuales, como sucedía tiempo atrás con la
homosexualidad, que fue considerada una “enfermedad” hasta que la
ciencia reconoció que no lo era. Para hacer el cambio de identidad, las
personas trans no necesitarán más probar que están “enfermas”, sino que
simplemente deberán manifestar que su identidad de género difiere de la
que consta sus documentos y expresar su deseo de cambiar de nombre.
La segunda ley permitirá a las personas transexuales que lo deseen
la realización de operaciones de reasignación sexual, sin necesidad de
autorización judicial y en forma gratuita, en los hospitales públicos o
a través de las obras sociales y prepagas. Son dos leyes separadas
porque hay quienes –como Florencia– quieren cambiar sus documentos pero
no operarse. La madre de Alejandro, que sí se quiere operar, aseguró en
la puerta de “la casa” cuando fue a despedirlo que ya hizo los trámites
para que, si se opera, le den su nuevo DNI, pero no brindó más
detalles. No se sabe si ya existe un fallo judicial en su caso, ya que
la producción del programa se muestra reticente a dar información o
brindar los contactos de sus familiares. Con la ley de identidad de
género, operarse o acceder al nuevo DNI serían dos trámites
independientes y una cosa no condicionaría la otra.
Para conseguir que se aprueben estas leyes, la FALGBT seguirá la
misma estrategia que usó para conseguir el matrimonio igualitario: por
un lado, presentó los proyectos de ley, firmados por las diputadas
Juliana Di Tullio y Silvia Augsburger (MC) junto a legisladores de casi
todos los bloques; por el otro, impulsó más de treinta recursos de
amparo en la justicia. El de Florencia de la V fue el primero con
sentencia favorable. Cuando le dieron el DNI, los ministros Fernández y
Randazzo expresaron el apoyo del Gobierno a los proyectos, que
seguramente contarán con la oposición de la Iglesia católica, la
diputada Cynthia Hotton y la senadora Liliana Negre de Alonso. Los
activistas esperan, sin embargo, que el debate sea más fácil: en España
el matrimonio homosexual provocó un debate similar al que vivió este
año la Argentina, mientras que la ley de identidad de género salió casi
por unanimidad y con una oposición muy tibia de los obispos.
Fragmento de un articulo publicado por Bruno Bimbi
Espero que el 2011 no acabe con un feliz post celebrando la Ley de Identidad de Genero.
Todas las personas tenemos Derecho a una Identidad
